California está en camino de ser el primer estado en eliminar las fianzas monetarias tras la aprobación del proyecto de ley 10 del Senado de California (California Senate Bill 10), pero aún convertido en ley, sigue desatando controversia.
La ley SB10 ha tomado forma a lo largo de dos años de debate y opiniones. Estaba dirigida a ayudar a los acusados de bajos recursos y sin capacidad para reunir suficientes fondos para pagar la fianza, que terminaban languideciendo en prisión. El gobernador de California Jerry Brown anunció la medida como una forma de garantizar “que ricos y pobres sean tratados por igual”. Ahora, en lugar de tener que entregar cierta suma de dinero para poder permanecer en libertad, los tribunales someten a los acusados a una evaluación de riesgo. El tribunal decidirá si el acusado supone riesgo de fuga, es decir, si es probable que se presente ante el tribunal después de su liberación, y si representa un riesgo para la seguridad pública. A los acusados que representen un riesgo bajo, se les otorgarán condiciones menos restrictivas y sin dinero de por medio (incluidos, posiblemente, una tobillera electrónica y tener que presentarse periódicamente ante el tribunal) para permanecer en libertad a la espera del juicio. Por el contrario, los acusados que representen un riesgo elevado, como quienes han cometido delitos violentos o ya están siendo vigilados por el tribunal, permanecerán tras las rejas.
Como era de esperar, estas reformas han suscitado las críticas de ciertos sectores. Por ejemplo, los agentes de fianzas (profesionales que pagan la fianza de los acusados y garantizan su comparecencia ante el tribunal) argumentan que la ley SB10 definitivamente destruiría su sustento. No obstante, las denuncias también han surgido de sectores inesperados. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que inicialmente respaldó el proyecto de ley, teme que la ley en su formato actual otorgue a los jueces y fiscales demasiada discreción y pueda perjudicar a las minorías, el sector con más probabilidades de estar en contacto con el sistema judicial penal.
Otras jurisdicciones que han eliminado la libertad bajo fianza, incluido Washington, D. C., han tenido éxito: el año pasado, casi el noventa por ciento de los acusados liberados sin tener que pagar fianza comparecieron ante el tribunal. No obstante, esos tribunales reconocieron que la evaluación de riesgo puede derivar en un tratamiento tendencioso. Es posible que Maryland, que también eliminó el sistema de fianza monetaria, confirme algunos de los temores de la ACLU: más acusados permanecen en prisión debido a las evaluaciones de riesgo discrecionales.
Puede que los beneficios de eliminar la libertad bajo fianza no queden claros, pero debido a la preocupación cada vez mayor sobre la imparcialidad y la finalidad del sistema de justicia penal, es posible que, en breve, más estados sigan los mismos pasos que California.
Kathleen Davies es escritora para GetLegal.com. Es graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan, se ha desempeñado como abogada, y se ha dedicado a enseñar redacción jurídica y abogacía.