Derechos fundamentales del acusado
Derechos de la 5ª Enmienda
Según la 5 ª Enmienda, usted tiene el derecho a negarse a responder a las preguntas que le hagan o a hacer declaraciones que tiendan a incriminarlo. Esto se aplica en cualquier etapa de una investigación criminal o enjuiciamiento.
La 5ª Enmienda también contiene la cláusula de “debido proceso”, la cual imposibilita ciertas consecuencias sin el debido proceso legal. A medida que la interpretación judicial de la cláusula de debido proceso ha evolucionado, se ha subdividido en dos garantías: el debido proceso sustantivo y el debido proceso legal. El debido proceso sustantivo se refiere a derechos específicos, tales como los derechos relacionados con la libertad de expresión, el voto y la asociación. El debido proceso garantiza que el proceso de adjudicación -la forma en que se le juzga por un delito- sea justa e imparcial.
Derechos de la 6ª Enmienda
La 6ª Enmienda establece derechos bastante específicos para los acusados criminales, incluyendo:
Derecho a ser juzgado por un jurado
- El derecho a ser juzgado de manera oportuna
- El derecho a ser informado de la naturaleza y causa de todas las acusaciones contra usted
- El derecho a confrontar a los testigos en su contra
- El derecho a tener abogados a su disposición
- El derecho de obligar a los testigos a testificar en su nombre
8ª Enmienda
La Enmienda 8 prohíbe la fianza excesiva o el castigo cruel e inusual (aunque no define ninguno de los dos términos).
Las advertencias de Miranda
En una ampliación de los derechos establecidos en la Constitución, la Corte Suprema de los Estados Unidos estableció, en su sentencia de 1966 en Miranda v. Arizona, que cualquier persona detenida recibiera una notificación de lo siguiente:
- Que tiene derecho a permanecer en silencio
- Que todo lo que diga puede y será usado en su contra en un tribunal
- Que tiene derecho a ser representada por un abogado
- Que, si no pueden pagar a un abogado, se le asignará uno
Aunque algunas de las disposiciones de Miranda se han debilitado, siguen siendo aplicables según la ley del país.