De vez en cuando, aparece un adelanto tecnológico que promete revolucionarlo todo: desde cómo viajamos, cómo nos comunicamos y hasta cómo organizamos nuestras vidas. Se puede decir que la tecnología automotriz hizo justamente eso a principios del siglo XX y, más recientemente, la tecnología de los celulares cambió el panorama para los negocios y el entretenimiento. Ahora, la impresión 3D promete otro tipo de revolución: imprimir cualquier cosa desde prótesis hasta armas de fuego. Pero es posible que la impresión 3D también transforme la industria farmacéutica tanto para bien como para mal.
Hace tres años, la FDA aprobó un fármaco impreso mediante tecnología 3D diseñado para ayudar a personas que sufren de epilepsia. La tecnología tras esta prescripción, conocida como Spritam, facilita su administración: las pastillas que se imprimen en el hogar son más porosas y se disuelven con mayor rapidez. Por otra parte, dado que Spritam puede imprimirse inmediatamente, reponer un medicamento puede volverse un proceso más sencillo, y los pacientes se saltarían menos dosis.
La impresión 3D también podría facilitar el proceso de elaboración de una prescripción personalizada, al ofrecer combinaciones y dosis precisas que las farmacéuticas de gran envergadura no pueden brindar. Además, los productos farmacéuticos impresos mediante tecnología 3D podrían terminar con la falsificación de fármacos: si las prescripciones pueden imprimirse en el hogar de acuerdo con un algoritmo o una fórmula predeterminados, es menos probable que los pacientes reciban fármacos en los que los principios activos hayan sido reemplazados por componentes inactivos o peligrosos. Solo basta con que los pacientes introduzcan materiales de fácil acceso en impresoras 3D, adaptadas para sintetizar productos químicos, y podrán acceder a sus medicamentos en casa.
Pero, aunque sea una tecnología prometedora, también tiene sus inconvenientes. Es probable que quienes tienen acceso a la tecnología 3D también puedan elaborar drogas ilícitas. Aparte de esa posibilidad, que sin duda supone consideraciones legales y médicas, hay otras cuestiones que deben tenerse en cuenta. La FDA otorgó la autorización del proceso de impresión de medicamentos en 3D para un solo medicamento elaborado por Aprecia Pharmaceuticals, un laboratorio farmacéutico consolidado. No se ha otorgado la aprobación a otras empresas.
Si bien ser un laboratorio farmacéutico consolidado, no garantiza que los fármacos no vayan a ser defectuosos, este tipo de empresas tienen experiencia en la elaboración de productos farmacéuticos. Otras empresas que brindan recetas e instrucciones para medicamentos 3D no tienen la misma trayectoria. Compañías como Four Thieves Vinegar Collective, que ofrece un EpiPen y una versión, de impresión casera, de la naloxona, un medicamento para combatir adicciones, está conformada por hackers y técnicos sin formación médica profesional. Four Thieves no cuenta con la aprobación de la FDA, pero la agencia no puede evitar que los hackers compartan sus recetas con cualquier persona que tenga una prescripción legítima para un artículo como el EpiPen. Sin embargo, la FDA ha advertido que estos productos pueden ser peligrosos.
Además de la seguridad, no olvidemos el tema de la legalidad: los hackers de Four Thieves comenzaron con su emprendimiento en respuesta a las restrictivas leyes en materia de aborto, con el objetivo de brindar a las mujeres acceso a abortos farmacológicos en el hogar. Si Four Thieves y otros grupos del estilo tienen éxito, no está claro qué tipo de responsabilidades civiles se generarían. ¿Estarían violando las leyes estatales las mujeres que acceden a su tecnología? ¿Serían responsables las personas involucradas en la fabricación del algoritmo o el equipo? La impresión 3D está abriendo las puertas a un mundo nuevo y desafiante de posibilidades médicas, pero es posible que la tecnología haya vulnerado la ley.
Kathleen Davies es escritora para GetLegal.com. Es graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan, se ha desempeñado como abogada, y se ha dedicado a enseñar redacción jurídica y abogacía.